El Estado de los derechos sociales en Cuba. Informe #9 (2026)
La extrema pobreza en Cuba ya afecta al 94% de la población y la desaprobación del gobierno creció hasta el 95%, tres puntos con respecto al año anterior.
Antes de que termine este año podría producirse un cambio importante y favorable para el pueblo cubano, según la mitad de los encuestados, pero pocos esperan que provenga de medidas que tome el gobierno; el 76% desea que ese cambio incluya transformaciones políticas y económicas.
Los apagones representan el principal problema y la máxima prioridad de solución señalado por los encuestados (70%), seguidos por la crisis alimentaria (52%), el costo de la vida (45%), la salud pública (sanidad y medicinas, 34%), los salarios (27%) y la inseguridad y la violencia (24%).
En cuanto a la situación alimentaria, 8 de cada 10 cubanos han dejado de desayunar, almorzar o comer, debido a la falta de dinero o a la escasez de alimentos. El 68% de los encuestados declaró ingresos mensuales del hogar inferiores a 20.000 pesos cubanos (30 dólares al cambio de hoy). Esta cifra revela una marcada brecha entre los ingresos familiares y el costo de cubrir necesidades básicas, según estimaciones independientes.
La gestión económica y social del régimen es evaluada mayoritariamente de manera negativa; el desempeño del binomio Miguel Díaz-Canel y Manuel Marrero Cruz únicamente suscita la valoración positiva del 3% de los ciudadanos.
En esa línea, el 84% desconfía de las últimas medidas económicas anunciadas por La Habana y considera que no mejorarán la situación económica del país, mientras el 6% espera un efecto favorable. El 7% no sabe mientras que el 3% prefirió no contestar.
También preguntamos en este informe acerca de infraestructuras y servicios en 79 municipios (incluido el municipio especial Isla de la Juventud), en todas las provincias del país, y las respuestas muestran el colapso generalizado. La infraestructura eléctrica es la peor evaluada: el 95% considera que su estado es malo; le siguen la recogida de basura y la gestión de vertederos (87%), así como los servicios de internet y telefonía, con una insatisfacción del 86%. Prosiguen de cerca los acueductos y el alcantarillado (84%), los hospitales y centros de salud (82%) y las carreteras, que también reciben una valoración predominantemente negativa en todas las provincias (80%). A nivel nacional, el 74% también considera malo el estado de las viviendas y edificaciones.
Estos resultados evidencian el agotamiento político y económico del régimen cubano. Su gestión es ampliamente rechazada por los ciudadanos y sus medidas no generan confianza. Sin embargo, es el pueblo el que carga con el peso de la decadencia, en especial, los ancianos y los enfermos crónicos.
El Gobierno no puede seguir atribuyendo a factores externos las consecuencias de sus propias decisiones. El modelo improductivo y dependiente de otros países está en la base del problema, también sus prioridades. Mientras faltaban alimentos, medicinas, electricidad y viviendas dignas, sí aparecieron recursos para construir hoteles de lujo controlados por GAESA o hacer festivales culinarios internacionales. Mientras no hay ambulancias, sí hay carros de policía y otros recursos para la represión.
La demanda mayoritaria de transformaciones políticas y económicas confirma que los cubanos no quieren retoques ni nuevas promesas, sino un cambio profundo que traiga derechos políticos, económicos y sociales.