¿Porqué el 4.6% de pobreza en Cuba es una falacia?

AUTOR: Marlene Azor

FECHA: 24 febrero, 2020

El gobierno cubano es el único en las Américas que no publica el índice de pobreza.

En un informe del gobierno cubano de febrero del 2019, publicado por la CEPAL, se afirma que sólo el 4.6% de la población cubana está en situación de precariedad¹.

Para llegar a este índice de pobreza el gobierno hace una manipulación metodológica, pero también publica cifras falsas de ingresos de la población.

Dice el gobierno en su informe que no reconoce el índice de ingresos de la población como indicador de pobreza:

“La República de Cuba es un Estado socialista donde se practica desde hace seis décadas la máxima martiana “con todos y para el bien de todos”. En ese contexto uno de los principios revolucionarios de 1959 fue la eliminación de la pobreza, entendida esta no solo como la desigualdad de ingresos, sino como la creación de oportunidades y derechos para ejercerlos en dimensiones humanas básicas como la educación, la salud, el trabajo, la seguridad y asistencia social, la alimentación, las garantías jurídicas, el acceso a la cultura, el deporte, la recreación, que garanticen y hagan sostenible no solo satisfactores materiales a partir de la eliminación de privaciones, sino la garantía para un desarrollo humano integral. Por ello, la utilización de métodos como la línea de pobreza, la satisfacción de necesidades básicas insatisfechas, o en épocas más recientes la consideración de montos como 1,25 o 1,90 USD diarios, no tenían procedencia para la medición de los niveles de pobreza. Niveles diferentes de ingresos monetarios, no privan en Cuba el acceso a servicios en dimensiones señaladas, que en educación y salud son universales y gratuitos y en otras tienen una considerable subvención”.

Veamos las dimensiones que dice valorar el gobierno cubano:

-Educación.
-Salud.
-Trabajo.
-Seguridad y asistencia social.
-Alimentación.
-Garantías jurídicas.
-Acceso a la cultura.
-El deporte y la recreación.

Educación y salud

Los indicadores de educación y salud, reflejan una cobertura universal, pero nada indican sobre el costo para las familias cubanas para obtener estos servicios y la calidad de los mismos. En crisis estructural desde hace 30 años, las escuelas y hospitales están desvencijados en su infraestructura, con insumos médicos intermitentes, enseres hospitalarios y escolares paupérrimos, con mala calidad de la comida, insalubres en su mayoría y sin transporte público. Esto implica un aumento del costo para la familia cubana a la hora de acceder a estos servicios “gratuitos”. Los medicamentos se mantienen intermitentes en las farmacias todas estatales². Por otra parte, los salarios de médicos, personal técnico de salud y maestros y profesores están por debajo de los salarios de estos sectores en toda América Latina. En adición, la policía política hace bulling político contra los hijos e hijas de opositores en las escuelas y en el nivel universitario estudiantes y profesores son expulsados por discrepancia política, crítica  de alguna política gubernamental o por querer crear asociaciones estudiantiles y profesionales al margen del partido. El derecho a la enseñanza universitaria y de posgrado exige de manera expresa la adhesión a las políticas públicas del PCC³. Luego entonces, los indicadores de salud y educación no incluyen ningún aspecto de calidad y ocultan la discriminación política. Estos dos derechos humanos no son reivindicables ni justiciables en Cuba.

Derecho al trabajo

El 36% de la población económicamente activa (PEA), es decir, la población comprendida entre 18 y 60 años, no trabaja⁴. Los salarios en Cuba son los más bajos de las Américas y las jubilaciones y pensiones son igualmente las más bajas del hemisferio occidental. En Cuba el empleo no es libre. Los profesionales están cautivos en las empresas e instituciones estatales que pagan los salarios más bajos del país. No se puede ejercer las profesiones en el sector no estatal de la economía. En las empresas mixtas de capital extranjero y estatal, los salarios mensuales son confiscados en un 80 o 96% por las empresas empleadoras estatales obligatorias para acceder a la fuerza laboral cubana.

Economistas cubanos como el profesor Carmelo Mesa Lago han hecho estimados del 30% de desempleo en el país antes de la publicación de la cifra señalada. Las causas son la falta de creación de empleo en el área estatal de la economía, la asfixia de impuestos elevados a la fuerza laboral empleada en el sector privado y cooperativo y los paupérrimos salarios en el área estatal de la economía, mayoritaria. La cifra de empleo dada en este informe es falsa porque sólo contabiliza el desempleo visible y desecha el desempleo oculto: “El desempleo en Cuba es muy bajo y en los últimos años la tasa ha venido descendiendo de forma continua. En el 2017 fue de 1,7 por ciento, ligeramente superior en las mujeres”⁵. No existe en Cuba la libertad sindical,  la libertad de empleo, libertad de contrato laboral con representación sindical independiente, y existe confiscación de salarios por las empresas empleadoras estatales y el derecho a huelga está prohibido de facto. Los despidos arbitrarios no pueden ser reivindicados ni justiciados frente a los tribunales. El Partido Comunista y el sindicato oficial único impiden el ejercicio de estos derechos.

Seguridad y asistencia social

Se desconoce cuantos pensionados no reciben ayuda social desde el 2008-2011 cuando se eliminaron los subsidios a los pensionados que tuvieran algún familiar con empleo. Desde el 2008, el gobierno de Raúl Castro aplicó una política de reducción de la asistencia social a los pensionados que tuvieran un familiar con empleo. El investigador, profesor Carmelo Mesa Lago alertaba de esta errada política en un país que tiene salarios paupérrimos que no alcanzan para comer al mes⁶.

Las jubilaciones mínimas, luego de 40 años de trabajo, son de 9.68 dólares mensuales. La canasta básica mínima individual, en cambio, necesita más de 85 dólares al mes para cubrirse, de acuerdo con los precios del mercado interno. Luego entonces queda un sector de cientos de miles de ciudadanos desamparados, sin cobertura de seguridad social, que el gobierno no publica en sus estadísticas oficiales. Sin embargo los militares tienen un sistema de jubilación separado del resto que permite edades de retiro muy inferior al exigido al resto de los ciudadanos y premia a sus jubilados con el doble o jubilaciones cuatro veces superiores al resto de la ciudadanía. El gobierno cubano no publica los salarios mínimos, ni el costo real de la canasta básica individual y familiar, ni los índices de pobreza e indigencia en el país.  Los subsidios a los más vulnerables (madres solteras y con hijos discapacitados, ancianos solos, madres solteras con hijos numerosos, viudos y accidentados de trabajo) fueron en 2018 y 2019 de 8.68 dólares mensuales. No hay actualización de cifras oficiales.