Las múltiples crisis acumuladas del totalitarismo cubano, frente al COVID-19: el sistema de asistencia y protección social
AUTOR: Marlene Azor
FECHA: 6 abril, 2020
La desinformación del propio gobierno sobre el país y la ausencia de actualización de la poca información que ofrece es uno de los graves problemas en el enfrentamiento a la epidemia. Las muertes mayoritarias por la pandemia mundial se localizan en las personas de la tercera edad. En Cuba, más de 21% de población integran ese sector.
Según la Encuesta oficial de envejecimiento de la población cubana, ONEI 2017, el 30% de la población en edad de jubilación1, no tiene ingresos ni por jubilación ni por prestaciones sociales. Este es uno de los sectores más desamparados del país.
El 70% que recibe jubilación o prestaciones declara que “no le alcanza para vivir”, y el 78% de 60 años y más dice no tener ayudas familiares sino depender de sus ingresos personales por continuar trabajando, jubilación y/o alguna prestación2.
Las jubilaciones, como los salarios y las prestaciones en Cuba son los más bajos de América Latina. Las jubilaciones mínimas son de 9.68 dólares al mes y las prestaciones sociales mínimas son de 8.68 dólares al mes. Aunque esta población accede a los servicios de salud pública en el país, la intermitencia de los medicamentos y los precarios servicios que rodean sus viviendas, entre ellos, el fundamental: la escasez de alimentos, agregan riesgo a la población de la tercera edad.
Los que tienen 60 años o más en el país, son los máximos responsables en sus hogares en un 65.8%, y el 26.4% vive solo. Estos últimos, presentan los niveles más precarios de acceso al agua potable, refrigeradores, televisores, ventiladores y servicios sanitarios dentro de su hogar. El 44.1% declara tener problemas estructurales en sus viviendas La edad promedio de estos jefes o jefas de familia es de 71 años.
El 80.6% de la población de la tercera edad presenta alguna o varias enfermedades crónicas y por ello es la población de mayor riesgo de muerte frente al coronavirus.
No es suficiente la política gubernamental de proclamar que visitará a los de la tercera edad en sus domicilios, frente a la epidemia. Esto no disminuye la inmensa precariedad material y económica que los acompaña resultado de una red estatal en crisis para atender a las personas de la tercera edad.
